El gobernador Gustavo Sáenz anunció que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) resolvió postergar por 120 días la entrada en vigencia de las modificaciones al régimen de tráfico vecinal fronterizo, una medida que había generado preocupación entre comerciantes, empresarios y municipios de las zonas de frontera.
La decisión quedó formalizada a través de la Resolución General 5914 y se conoció luego de las gestiones realizadas por el mandatario salteño ante el titular de ARCA, Andrés Vázquez, y el director general de Aduanas, José Vélis, a quienes había solicitado revisar la normativa.
Según explicó Sáenz, durante este período se conformarán mesas de trabajo para analizar el impacto de los cambios previstos y evaluar alternativas que contemplen la realidad económica y comercial de las regiones fronterizas.
“Este impasse es fundamental y nos da la oportunidad de plantear nuestra postura provincial”, sostuvo el Gobernador al referirse a la postergación de la medida.
Desde ARCA señalaron que la prórroga responde a cuestiones operativas y socioeconómicas propias de las zonas de frontera. En los fundamentos de la resolución se indica que el plazo adicional permitirá realizar las adaptaciones necesarias para cumplir con las nuevas disposiciones sin afectar las prácticas habituales ni alterar el flujo normal de las operaciones comerciales.
La normativa originalmente impulsada por el organismo nacional incorporaba cambios destinados a prevenir maniobras de fraccionamiento de operaciones, reiteraciones sistemáticas y desvíos hacia circuitos comerciales no autorizados, situaciones consideradas incompatibles con los objetivos del régimen de tráfico vecinal fronterizo.
La decisión fue bien recibida por distintos sectores económicos y por los municipios fronterizos de Salta, que habían manifestado su preocupación por las posibles consecuencias de las modificaciones sobre la actividad comercial y el intercambio cotidiano en la región.
Con la postergación, Provincia y Nación dispondrán de cuatro meses para analizar alternativas y avanzar en una propuesta que permita reforzar los controles sin afectar el comercio legal que sostiene gran parte de la economía de las localidades fronterizas.