El ministro de Economía, Martín Guzmán, y sus colaboradores avanzaron en la forma en que se llevará a cabo el impuesto a “la renta inesperada”. La idea del jefe del Palacio de Hacienda es que el Estado se apropie de las ganancias extraordinarias que obtuvieron determinados sectores como consecuencia de la brusca suba en los precios internacionales de las materias primas a raíz de la guerra en Ucrania.
Guzmán explicó que estas ganancias “no fueron el resultado de mayores inversiones, sino de una inusual suba en los valores de las commodities por el conflicto bélico”. Los cereales y oleaginosos, gas, petróleo y minerales, se encuentran entre los productos que más subieron.
El Gobierno busca que estos excedentes se destinen, en parte, a atender la situación de sectores vulnerables de la sociedad que han ido perdiendo poder adquisitivo. El propósito sería el de reforzar los ingresos de los trabajadores informales. La ayuda a otorgar sería similar al IFE.
Los empleados “en negro” vienen perdiendo más de 7 puntos respecto de la inflación de los últimos doce meses, según los datos del INDEC. A diferencia de los salarios pagados a los trabajadores en blanco que vienen ganándole a la inflación mediante las paritarias acordadas.
Según lo trascendido, no se creará un nuevo tributo, sino que se proyecta un aumento en la alícuota más alta del impuesto a las Ganancias para montos a determinar, en los que se verifique un crecimiento exponencial en las utilidades.
De acuerdo con los números que se barajaron, se está pensando en cargar un 15% por encima de la alícuota superior de 35% de este tributo. En un principio, se dice que abarcaría a empresas, no personas humanas, y sería deducible en caso que las empresas realicen inversiones o tomen personal.
Esto quiere decir que las compañías podrían evitar el pago de dicho incremento en el tributo, si es que amplían la capacidad de producción o aumentan el empleo, contribuyendo de esta forma a la recuperación económica.
Se estima que los ingresos generados por esta vía podrían asistir a un universo de 6 millones de personas (3 millones menos que los beneficiados por el IFE que se otorgó durante la pandemia).
Dicho beneficio, consistiría en una cifra fija de 6.000 pesos que se darían dos veces por año, según la información trascendida.
Al tratarse de una modificación impositiva, deberá ser tratado por el Congreso. En este sentido, se plantean dudas en cuanto a la viabilidad de la iniciativa, ya que desde la oposición se ha manifestado que no sería aprobado ningún proyecto que implique una suba de impuestos.
Sin embargo, el oficialismo mantiene la expectativa de lograr la aprobación legislativa en virtud de “tratarse de una medida equitativa, que apunta a que quienes lograron ganancias extraordinarias colaboren en el sustento de los que menos tienen”.
