En la jornada de ayer condenaron a Sergio Urribarri, actual embajador en Israel y ex gobernador de Entre Ríos, a ocho años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua por los delitos de negociación incompatible con la función pública y peculado, en las cinco causas que se tramitaron desde septiembre del año pasado en los Tribunales provinciales.
Urribarri siguió por videoconferencia las alternativas de la lectura del anticipo del fallo que dictaron los jueces José María Chemes; Carolina Castagno y Elvio Garzón, quienes descartaron los planteos de la defensa y convalidaron la teoría del caso de la Fiscalía en casi todo el recorrido de los hechos.
Según algunas fuentes, el presidente Alberto Fernández analizaba el inmediato reemplazo de sus funciones como representante argentino ante el gobierno de Israel.
El Ministerio Público Fiscal había pedido que se lo sancione a 12 años de prisión y se lo inhabilite a ejercer cargos públicos. En tanto que su defensa había requerido al Tribunal que lo absuelva. La Justicia consideró probado que Urribarri direccionó contrataciones de publicidad del Estado provincial para fines particulares.
Uno de ellos fue favorecer a su cuñado, Juan Pablo Aguilera quien operaba, según el fallo, con un esquema de testaferros y de cartelización para quedarse con los fondos de la publicidad en vía pública. Aguilera recibió una pena de seis años y seis meses.
Los jueces también consideraron probado que utilizó el montaje de un parador en Mar del Plata en 2015 y la difusión de spots durante la Cumbre del Mercosur que se realizó en Paraná durante diciembre de 2014 para promover sus intenciones de suceder a Cristina Kirchner en la presidencia en 2015.
Además del ex mandatario entrerriano, habían sido acusados sus ex ministros Pedro Báez (Comunicación) y Hugo Marsó (Turismo). Al primero se le impusieron seis años y seis meses de prisión efectiva e inhabilitación a perpetuidad. El segundo fue absuelto.
