Mientras en nuestro país se debate el proyecto de renta inesperada, en el inicio de la reunión del FMI se difundió un informe sobre el impacto de la deuda para la recuperación global que sugiere la imposición de “impuestos temporalmente más altos sobre los beneficios excesivos” como medio de “reducir la carga de las finanzas públicas”.
Este informe añade que las administraciones públicas podrían recuperar “algunas de las transferencias realizadas a empresas que no las necesitaban” durante lo peor de la pandemia de COVID-19. Es una cuestión de justicia mediante redistribución de esfuerzos y costes después de dos años de sufrimientos mayoritarios y crecimientos minoritarios pero muy cuantiosos.
“Los servicios de contacto intensivo, como el entretenimiento, se contrajeron porque la gente se quedó en casa”, indica el informe a modo de ejemplo. “Pero la producción y exportación de computadoras, software y otros bienes –prosigue– se expandieron a medida que los consumidores gastaban más en electrodomésticos”. Por otro lado, el impacto en los balances de consumidores y empresas, especialmente los más expuestos a la pandemia, difirió mucho según el apoyo de cada gobierno.
“El principio general de las finanzas públicas es que debes encontrar dónde están los recursos e intentar compensar a quienes más sufren”, explicó a los periodistas uno de los autores del informe, el economista del FMI Jean-Marc Natal, según el diario La Vanguardia de España.
“Al igual que debe hacerse y a veces se hace después de las guerras, donde también mientras unas empresas luchan por sobrevivir otras se vuelven más prósperas que nunca, los gobernantes pueden hacer que estas últimas compensen a las primeras con “un impuesto adicional y temporal”, añadió Natal.
El FMI recomienda, limitar los apoyos gubernamentales a empresas desfavorecidas, en los casos en que haya existido “un claro fallo en el mercado”. Sin embargo, “allí donde una ola de quiebras en sectores golpeados por la pandemia pudiera extenderse al resto de la economía”, la receta es “proporcionar incentivos para la reestructuración” y, sólo cuando fuera necesario “considerar el apoyo a la solvencia”.
