Autoridades analizan las actuaciones judiciales y policiales por mensajes intimidatorios en escuelas

El Ministerio Público Fiscal y el Ejecutivo Provincial mantuvieron una reunión de trabajo para evaluar el impacto del “reto viral nacional” que, en la última semana, generó múltiples intervenciones judiciales y policiales en establecimientos educativos de Salta. El fenómeno derivó en 135 actuaciones, 17 demoras y 6 detenciones, en el marco de investigaciones por el delito de intimidación pública.

El encuentro fue encabezado por el procurador general Pedro García Castiella, junto a la ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore Viñuales; el ministro de Seguridad, Gaspar Solá Usandivaras; y el coordinador de Fiscales, Pablo Rivero. Las autoridades analizaron el alcance jurídico de las conductas detectadas y la activación de protocolos internos en las instituciones afectadas.

La ministra Fiore Viñuales confirmó que el dictado de clases no fue interrumpido en ningún establecimiento y que continuará con normalidad. Además, informó que se evalúan posibles medidas disciplinarias para los responsables dentro del ámbito educativo y recordó que este año se aplica una normativa innovadora con protocolos para casos de bullying, ciberacoso y violencia entre pares.

Durante la reunión también se analizó la creación de una unidad de prevención, con intervenciones que incluirían la participación de padres o tutores, en el marco de la Ley Nacional 26.892 sobre convivencia y abordaje de la conflictividad en instituciones educativas.

El ministro Solá Usandivaras destacó el importante despliegue policial destinado a prevención, control y procedimientos, y remarcó la responsabilidad legal de padres o tutores frente a conductas delictivas cometidas por menores.

Por su parte, el procurador general subrayó el trabajo articulado entre Seguridad, Educación y el Ministerio Público Fiscal, que combina investigación penal con acciones preventivas.

Finalmente, se avanzó en la planificación de nuevas instancias de capacitación para equipos educativos, fuerzas de seguridad y operadores del sistema, con el objetivo de fortalecer la detección temprana y el abordaje adecuado de este tipo de conductas.